Impuestos y más impuestos.

Recientemente la CECRV (Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas) a manifestado su total rechazo hacia un posible impuesto sobre el vino, recogida en el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español que le fue entregado el pasado jueves al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El informe, elaborado por un grupo de expertos presidido por el Catedrático de Hacienda Manuel Lagares y que se compone de nueve miembros, ocho economistas y un abogado, recoge una serie de recomendaciones para la reforma fiscal que está estudiando el gobierno. Entre las medidas que proponen está la de “considerar la posibilidad de establecer un impuesto a tipo muy reducido sobre el vino, como recientemente se ha hecho en Francia”, ( rasgo característico de este país, aplicar “medidas” de otros países sin tener en cuenta la realidad del propio.)

El documento incluye al vino en su apartado de propuestas sobre imposición de alcoholes.  En este marco se estima, además de la creación del impuesto, “la necesidad de proceder a un incremento progresivo de los impuestos sobre el alcohol, hasta acercarse a la media comunitaria”.   Los argumentos que el informe emplea para justificar estas medidas son esencialmente dos: la necesidad de corregir los efectos externos negativos derivados del consumo y equiparar la realidad impositiva de este producto a países de nuestro entorno, hasta alcanzar la media europea de imposición sobre el alcohol.

Estas propuestas claramente dejan a un lado la realidad que vive el sector,  cuyo pecaminoso nivel de consumo se encuentra entre los más bajos de los países vecinos, situándose por debajo de los 20 litros anuales y por persona, a pesar de que somos el país con más superficie vitícola. En cambio si miramos a Francia su nivel de consumo es de 50 litros por persona y año (ya podríamos copiarles en eso…). Claro está, no hay que obviar que la educación sobre el consumo sin excesos es la mejor vía en este ámbito.

Además, no se puede considerar el impuesto francés sobre el vino como referente para gravar el vino en España, primero por que este impuesto no tiene fines recaudatorios, sino de control y segundo porque el informe no respeta la categorización diferencial del vino ya que está considerado como alimento por la Legislación Española.

El vino se considera también parte integrante de la dieta mediterránea consumido con moderación y durante las comidas. Se trata de un producto que contribuye de forma significativa a una actividad tan importante para la economía de nuestro país como el turismo, que configura y aporta una realidad paisajística y medioambiental innegable, que fija población al medio rural y que forma parte del patrimonio cultural de nuestro país.

Teniendo en cuenta esto, un posible impuesto tendría efectos muy negativos sobre la actividad económica que comporta el vino en numerosas regiones, así como en las exportaciones del producto siendo un principal compensador del elevado déficit comercial nacional. Una merma en  las exportaciones beneficiaría a los países que compiten directamente con España dentro del sector, lo que redundaría en la caída de la actividad. Por todas estas razones, hay que posicionarse totalmente en contra de la creación de un impuesto que perjudicaría gravemente la actividad y el desarrollo de un producto que forma parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio y que es fuente de calidad y prestigio para nuestro país.